Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda sobre Tutela de derechos fundamentales Acoso laboral interpuesto por el actor frente al Centro Hospitalario donde prestaba sus servicios . La Sentencia de instancia había estimado la excepción de cosa juzgada sobre hecho ya enjuiciados en sentencia firme y prescripción de alguno de los hechos en los que se fundamentaba la demanda. Se interpone recurso de Suplicación por el demandante que es desestimado. En primer lugar y en cuanto a los motivos de denuncia jurídica se desestima, se impugna el haberse estimado la excepción de cosa juzgada respecto de determinado hechos y codemandados que ya habían sido objeto de enjuiciamiento en una sentencia firme. Por lo que respecta a la excepción de prescripción considera la Sala teniendo en cuenta que cuando se alega vulneración de un derecho fundamental por hostigamiento esto supone una conducta continua y comienza el plazo de prescripción cuando se produce el último acto que constituye acoso. Al tratase de actos continuados no puede apreciarse prescripción si se constata que se ha producido actos que constituyen acoso dentro del año anterior a la demanda. En el último de los motivos se analiza si ha existido acoso laboral, por la Sala se analizan los requisitos que deben concurrir para apreciar este para concluir que partiendo de los hechos declarados probados no ha existido acoso laboral aunque si una situación de conflicto laboral.
Resumen: Comienza la Sentencia valorando la STC que declaró inconstitucional el estado de alarma, donde se adoptaron las medidas que originan el daño a los recurrentes. La Sala valora que aunque la Sentencia indica que la declaración de inconstitucional no conlleva responsabilidad, ello simplemente permite analizar si se dan los requisitos legales para concederla o no. Sigue la Sala indicando que el Gobierno de Navarra está legitimado por ser demandado, ya que fue el que adoptó estas medidas, por delegación. Entiende además que la responsabilidad no es por estado legislador, sino por estado administración. Y entrando en el análisis de los requisitos dice que no hay fuerza mayor, y que no hay relación de causalidad entre las medidas adoptadas y los daños producidos pues las medidas a las que se atribuyen los daños deben reputarse necesarias, razonables y proporcionadas lo que determina la exclusión de la antijuridicidad y la consiguiente obligación de soportar los daños por parte del demandante. Tampoco entiende que concurre un daño individualizado, pues la naturaleza generalizada de los daños así como la finalidad (para tratar de mitigar o atajar los efectos de una enfermedad no solo a nivel individual sino fundamentalmente a nivel colectivo) y la extensión (generalizada) de las distintas actuaciones adoptadas por la Administración enmarcado en un ámbito de actuación administrativa extraordinaria y en un contexto social y/o económico general, en el presente caso de hostelería.
Resumen: Estima el recurso de apelación y revoca la sentencia desestimatoria del desahucio por falta de pago de la renta dictada en primera instancia. Sobre la legitimación activa, negada a la parte actora en la sentencia apelada, reconoce la misma a la parte actora, dado que se ejercita una acción contractual y no de naturaleza real, de manera que la legitimación recae sobre la persona que firmó el contrato de arrendamiento como arrendador, condición que concurre en la parte actora y que ha sido aceptada por los demandados en su contestación, sin que sea necesario que justifique la condición de propietaria del inmueble arrendado. Entrando al fondo, acreditado el contrato de arrendamiento y la falta de pago de las rentas procede estimar la demanda en cuanto a la resolución del contrato de arrendamiento y la condena al arrendatario al pago de las rentas reclamadas. En con la responsabilidad del fiador, rechaza que la solidaridad establecida en el contrato entre el arrendatario y el fiador tenga la condición de abusiva, pues este pacto no produce un desequilibrio de las prestaciones en favor del empresario, superando el control de inclusión y transparencia, siendo la misma un contenido posible de un contrato de fianza de forma que no es contrario a la ley, sin perjuicio de que reduce el importe reclamado contra el mismo, por no haber participado en ciertos pactos alcanzados entre arrendador y arrendatario.
